”¿Qué va a pasar ahora, con los genocidas sueltos, caminando entre nosotros? Tengan cuidado, por favor”, se repetía esta semana en cientos de hogares donde padres y madres anónimos, ya muy grandes, volviendo a pasar por el terror, el insomnio, la angustia, y el llanto, le pedían cuidado a sus hijos y nietos.

Personas apropiadas que evaluaron pedir custodia al Estado ante las amenazas de muerte de sus apropiadores. La escena dantesca de los genocidas sueltos en la calle, transitando al lado de los cuerpos que torturaron, amenazando a los cuerpos que apropiaron y violaron, o rozando los cuerpos de los familiares de quienes desaparecieron.

Frente a este inefable fallo, el terror volvió a meterse en los poros y se respiró, esto es lo que lo define. Su condición real de retorno imprevisible, inasible, contundente, irrepresentable, inolvidable, patente. Esto es lo que ocurre cuando un Estado irresponsable y antidemocrático, en nombre de la ley, toca un límite. El mismo límite que se hizo surgir de las entrañas del dolor pero también de la indignación y la resistencia a la ominosa crueldad que provoca la impunidad del fallo de la CSJN del 2×1, denigrando los delitos de lesa humanidad a la categoría de delitos comunes. Pisoteando las tumbas aún NN, no sin antes haber mercantilizado la memoria, insultado la lógica de reparación a las víctimas de estos crímenes transnacionales, transgeneracionales y permanentes. No sin antes haber intentado difamar a los/las desaparecidos/as, empleando la lógica temporal extractivista del mercado que apunta a olvidar lo sucedido como si eso fuera posible, olvidarlo de modo mercantil y rápido porque la pesada herencia de la Memoria con mayúsculas (en este caso, es con mayúsculas) es de toda la sociedad y no de un partido político o de otro. Pero la temporalidad extractivista no se detiene en construcciones temporales ni morales, mucho menos en desaparecidos: ¿30.000? ¡Ni idea! Te lo debo… el curro de los derechos humanos, ya se les va a acabar, el número se arregló en una mesa. Todo eso soportaron las víctimas, los sobrevivientes, sus madres, padres y abuelas, sus familiares y también la sociedad (tocada por la ética) toda.

Producto de este mismo fallo, en estos días también he leído comunicaciones o mensajes que sorprendentemente algunos hijos e hijas de torturadores necesitaron hacer llegar a los torturados de sus propios padres. No es lo que ocurre habitualmente, es un hecho nuevo, que habla de la profundidad de la herida, de la profundidad del ataque que representa un crimen de Estado, del terror tocando otros poros, los propios poros. Hijos que a partir de los juicios supieron por primera vez qué es lo que habían hecho sus padres cuando ellos eran chicos. Hace años que algunos sabemos que algunos  de esos hijos se suicidaron, otros pidieron quitarse el apellido y apelaron para eso a los jueces también.

Esto significa que cuando un Estado va más allá de las fronteras, e intenta destruir o desinscribir un legado de justicia profanando la memoria de sus víctimas, los efectos no tardan en llegar, y siempre son incalculables.

Hay tres operaciones lógicas –dos actos y un efecto– que hemos construido socialmente y me parece que nos puede orientar en la lectura de lo que ocurrió esta semana como respuesta social a este fallo.

1) El cuerpo de Videla –representante del genocidio–, ya fue velado y enterrado mientras cumplía la condena a cadena perpetua impuesta por el poder judicial de este país. Eso significa que ya no podrán pasarse por encima estas sentencias, porque los efectos simbólicos de la inscripción social de la ley sobre ese cuerpo, no podrá desinscribirse jamás. Esa dimensión que sale del cálculo del derecho pero impacta directamente sobre la construcción social y subjetiva del crimen masivo, reconfigura la esencia ontológica del tejido social.

2) Es insoslayable que los velos de la administración empresarial que gobierna han caído hace rato y muy tempranamente y que este acto de amnistía en nombre de la justicia evidencia  que se trata de una política de Estado centrada más en la administración de la historia del genocidio que en las políticas de memoria. Sin embargo, una sociedad que ha transitado un impresionante proceso de justicia como la nuestra, en ese mismo proceso construyó un nuevo nombre, y ya no podemos pasar de una política pública centrada en la memoria, la verdad y la justicia, al cinismo hecho política de Estado. Segundo acto colectivo que no puede borrarse.

3) El efecto: por trabajar en este campo de intervención, hace rato sabemos de la complejidad que la trama criminal del Estado ha provocado en la sociedad, y por esa razón, siempre está la advertencia de la prudencia, porque el encuentro con lo imposible tarde o temprano llega.

En la era del discurso obsceno (fuera de escena) del neoliberalismo acérrimo, que desconoce de modo absoluto los límites del cuerpo social, los desestima, los humilla y avasalla, este fallo fue fallido porque  tocó ese límite imposible. Tocó el exacto punto constitutivo de la subjetividad social de este país.

Inesperadamente retornó aquel lenguaje acallado del “yo no vi nada, nunca me enteré” de una comunidad que convivió con el terror, los secuestros y desapariciones, pero ahora bajo el modo invertido. Invertido por efecto de un fallo que apunta a dar por terminada la justicia, se produce la emergencia de una respuesta social que hace hablar incluso a los propios inadvertidos. La sociedad incauta en aquel primer tiempo del crimen es ahora hablada (y sacudida) por el retorno de la impunidad bajo el estatuto de ley.

Por último, los intentos de relativización de lo ocurrido en una franca profanación de la memoria por parte del gobierno macrista, se topó con el impacto de la respuesta digna de una sociedad que ya enterró al genocida condenado, que ya escribió su nuevo nombre en el contexto internacional y por eso no puede volverse atrás. Un fallo fallido, del que los responsables deben dar cuenta igual. Es como el sujeto al que apela el psicoanálisis, el que debe responsabilizarse también de lo que dice desconocer. Aquí la operatoria no es la  misma, está claro. No se trata de un desconocimiento, pero sí se trata de una pretensión de “construir impunidad sin sujeto responsable”, aunque la jugada se topó con el límite de lo imposible.

Señor presidente y señores jueces: ningún genocida suelto. Nunca Más.

Fabiana Rousseaux es Psicoanalista. Trabaja en la asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Coordina Territorios Clínicos de la Memoria.